Defensores Ambientales en México

En México, defender el derecho a un ambiente adecuado se ha convertido en una actividad de alto riesgo, particularmente a partir de la puesta en marcha del proyecto económico neoliberal que, bajo la premisa del desarrollo ha exacerbado la mercantilización de la naturaleza. No es raro entonces, que el actual proyecto económico encuentre resistencia en diferentes actores sociales quienes, al oponerse a esta explotación, resultan ser víctimas. En la mayoría de los casos, estos defensores son personas que luchan contra megaproyectos como la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero o el gasoducto Proyecto Integral Morelos en Tlaxcala, Puebla y Morelos, pero también son comunidades indígenas y campesinas que defienden sus recursos como lo es el pueblo de Cherán, Michoacán y Huaxcaleca, Puebla. Son activistas que denuncian injusticias ambientales como Francisco Quiñones, quien se opuso a la minera Ternium en la Sierra de Manantlán en Colima, o Fernando Mayén, defensor del agua y que luchó contra el relleno sanitario en Jilotzingo, Estado de México y que fueron brutalmente asesinados. Son hombres y mujeres cuyos nombres jamás sabremos, pero cuya valentía se manifiesta en una lucha silenciosa.

La revisión de fuentes periodísticas y de los reportes de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Amnistía Internacional México, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CEDHAL), registró un total de 503 agresiones a defensores ambientales en un periodo de veinte años, del 1995 al 2015.

La investigación indica que los ejecutores materiales de tales agresiones incluyen tanto agentes del Estado mexicano, como operadores de sector empresarial. Los delitos más comunes se tipificaron como detenciones ilegales, amenazas, agresiones físicas, criminalizaciones y asesinatos, siendo estas dos últimas formas de violencia, las más comunes. Haciendo un recuento específico de los asesinatos perpetrados, de se estima que van más de 100 defensores ambientales ultimados hasta el año 2017. Por su parte, los agresores se pueden dividir en cuatro categorías: a) empresas y grupos nacionales y trasnacionales que realizan diversos proyectos; b) autoridades que toman partido a favor de los intereses de estos grupos; c) habitantes que apoyan los proyectos y quienes suponen que obtendrán un beneficio con su puesta en marcha; y, d) el crimen organizado, con un papel de mercenario, que intimida a la población, a los defensores ambientales y a todo aquel que esté en contra de sus propios intereses.

El tipo y cantidad de defensores ambientales agredidos no se distribuye homogéneamente en el país. Los estados con mayor número de agredidos son: Oaxaca, con 90 agresiones; Puebla, con 67; y, el Estado de México, con 46. Destaca el hecho de que Oaxaca, considerada la entidad más rica en diversidad biocultural, presente la mayor cantidad de casos registrados. En otros 17 estados también existen denuncias aunque en menor cantidad, pero es probable que exista un mayor número ya que no siempre se registran las agresiones.De los diferentes casos, los más inquietantes son los asociados a la lucha forestal, particularmente en el estado de Guerrero, con 63 agredidos. Muchos de ellos, pertenecían a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, pertenecientes a dicha organización, fueron detenidos, aislados, torturados y obligados a declararse culpables, para purgar dos años y medio en prisión.

Del mismo modo, la lucha de los pueblos orginarios también ha implicado actos de represión en su contra. El 20 por ciento de los agredidos pertenece a comunidades indígenas, las que se encuentran en contextos de exclusión política, discriminación social y marginación económica que, aunada a la ausencia, amparo y el incumplimiento de los derechos humanos y derechos indígenas, contribuyen a la vulnerabilidad y la desigualdad, como lo señala Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La disparidad hace que en estas luchas, la violencia no se vive de forma equitativa entre hombre y mujeres. Las mujeres se enfrentan además a los retos de ser invisibilizadas. Para ellas, la defensa de la tierra y de los recursos es una lucha antisistémica y antipatriarcal, que busca establecer una visión comunitaria distinta de reivindicación de sus derechos, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En el periodo estudiado, las mujeres agredidas representaron el 13 por ciento del total de los defensores ambientales agredidos: siete defensoras ambientales fueron asesinadas y 42 más fueron agredidas de otras formas.

La situación en el país es crítica, las cifras son alarmantes y más aún el tipo de violencia ejercida que incluye violaciones a derechos humanos como: el derecho a la vida, el derecho a la integridad y seguridad personal, la libertad de expresión y el derecho a la justicia. Es de esperar, sin duda alguna, que el discurso de desarrollo y progreso apuntalado por el Estado mexicano, las políticas públicas y los ajustes estructurales que actualmente se impulsan, contribuirán, claramente al incremento de las agresiones a los defensores ambientales. La situación es preocupante.

Lucía Velázquez Hernández
Abril de 2018

Información en:
o Velázquez Hernández, Lucía, sustentante Defensores ambientales en México y derechos humanos / 2017