Detrás de cualquier conflicto, existen posiciones políticas, intereses y necesidades básicas insatisfechas. Sólo basta hojear el periódico para enterarse de una nueva lucha en defensa del territorio. Tanto en las comunidades urbanas o rurales, los conflictos por la tierra, el agua, el aire y en general los “recursos naturales” son cada vez más comunes. En este contexto, la ciudad de Morelia no es la excepción y cada vez con mayor frecuencia surgen conflictos de carácter socioambiental. Entrevistamos a la Dra. Patricia Ávila García, Investigadora de nuestro Instituto y experta en Ecología Política y Estudios Socioambientales, para que nos ayudara a comprender los antecedentes históricos de algunos de los conflictos más importantes de la ciudad.
Al inquirir sobre los conflictos socioambientales, la Dra. Ávila inspira profundamente e inicia su explicación subrayando la necesidad de comprender la historia de la planeación urbana en Morelia. De acuerdo a ella, el desarrollo urbano de la ciudad de Morelia se puede separar en dos momentos: un primer momento que abarca las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado; y un segundo momento que inicia en la década de los años noventa y continúa vigente en este siglo.
La Dra. Ávila comenta que en la década de los años 80, Morelia era una ciudad media con un importante dinamismo demográfico y con una planeación urbano-ambiental muy buena. Durante este primer momento, el Gobierno de Michoacán trató de orientar el crecimiento urbano a través de una política de urbanización progresiva para los sectores de más bajos ingresos; y se caracterizó por una planeación urbano-ambiental de vanguardia a nivel nacional, que incluía una visión que hoy llamamos “sustentable”. En aquel entonces se valoraba la protección ambiental y la creación de reservas ecológicas dentro y fuera de la ciudad, teniendo como consecuencia la creación de un buen número de áreas verdes dentro de la mancha urbana. Asimismo se crearon y se decretaron reservas ecológicas y zonas de preservación ecológica.
Pero no sólo existía una preocupación por mantener bosques y áreas verdes, sino que también se consideraban importantes las necesidades humanas y el derecho a la vivienda. La Dra. Ávila, revela que en aquel entonces el gobierno estatal generó estrategias para lotificar y regularizar asentamientos humanos populares, pues imperaba la lógica de la urbanización progresiva que implicaba proveer de suelo y servicios urbanos en zonas aptas (no vulnerables) para el crecimiento urbano.
Lamentablemente las reformas al Artículo 27 Constitucional de 1992 liberalizaron el suelo ejidal y permitieron que grandes especuladores del suelo compraran, a muy bajo precio, grandes extensiones de tierras alrededor de la ciudad. A raíz de esto, se inició la presión de los especuladores y promotores inmobiliarios sobre los gobiernos locales para que cambiaran el uso de suelo establecido en los subsiguientes planes de desarrollo urbano de la ciudad de Morelia. Consecuentemente, es a partir de 1993 que surgen los primeros conflictos por la defensa del territorio y en particular por el patrimonio ecológico de la ciudad. Ávila García recuerda que los grupos ecologistas resistieron la nueva política mercantilista y lograron evitar durante unos seis años cambios en el Plan de Desarrollo Urbano, cuya intención era cambiar el uso de suelo para favorecer la expansión de la ciudad.
En aquel tiempo, la Loma de Santa María estaba definida como un área de preservación ecológica que incluía, Jesús del Monte y otras tenencias por poseer suelos de vocación forestal y agrícola, además de ser la principal zona de recarga del acuífero más importante de la zona sur de Morelia.
Para finales de los años noventa se aprobó de facto un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Morelia, que posibilitó el cambio el uso del suelo para urbanizar áreas como la Loma de Santa María. La Dra. Ávila recuerda que esto ocurrió sólo dos días antes de que el ayuntamiento encabezado por el Lic. Salvador López Orduña terminase su gestión. Este acto posibilitó la valorización de predios otrora ecológicos y justificó la inversión pública para la construcción de vialidades e infraestructura necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para sectores de altos ingresos como Tres Marías y Altozano (anteriormente Montaña Monarca).
Como el lector habrá notado, la planeación urbana en este segundo momento histórico estuvo claramente influida por intereses de carácter económico y empresarial, como lo demuestran los diversos cambios en el Plan de Desarrollo Urbano. Estos conllevaron a la desaparición de prácticamente todas las zonas de reserva y preservación ecológica, así como al impulso de proyectos viales para conectar el Complejo Inmobiliario Comercial Altozano (ubicado en la Loma de Santa María) con Avenida Camelinas, en el sur de la ciudad.
La investigación de la Dra. Ávila, tanto en materia de desarrollo urbano como de los conflictos sociales en Morelia, muestra el impulso de un modelo de urbanización neoliberal donde la ciudad y el medio ambiente son vistos como una mercancía por el capital inmobiliario, y donde las disputas socioambientales en el fondo cuestionan el proyecto hegemónico de ciudad dominante, que va asociado con altos costos sociales y ambientales.
En el caso concreto del proyecto de vialidad en la Loma de Santa María, que ha estado en disputa desde 2006 hasta la fecha, han surgido acciones colectivas en defensa del patrimonio natural y respeto a la vida por el riesgo que representan tales obras. Las estrategias del movimiento social ante el cierre de canales de diálogo con el Estado (incluyendo los tres niveles de gobierno), quien es el principal impulsor de las obras viales, han sido en varios niveles: la defensa legal, la protesta social y el trabajo con los medios de comunicación. La efectividad del movimiento logró detener en tres ocasiones el proyecto vial (2006, 2007 y 2010), gracias a la demostración de la violación de la legalidad al afectar áreas naturales protegidas a nivel estatal y federal y mostrar los altos riesgos geológicos del proyecto que pretende construirse en una zona con fallas geológicas activas y con presencia de deslaves. Sin embargo, un 31 diciembre del 2009, la administración de Leonel Godoy Rangel, logró cambiar de forma ilegal, el decreto de área natural protegida de la Loma de Santa María para permitir la construcción de la vialidad. Luego en 2010 y 2011 cambió el ordenamiento ecológico de la cuenca del lago de Cuitzeo y alteró el polígono del Parque Ecológico Francisco Zarco. Todo para eliminar obstáculos legales a la obra proyectada. Después de eso, inició un periodo, de ilegalidad e impunidad exacerbada. La obra se haría, a pesar de atentar contra el único bosque de la ciudad y poner en riesgo la vida de más de 14,000 habitantes, todo para afianzar inversiones inmobiliarias de particulares.
A diez años de la primera movilización, la obra vial está actualmente en construcción sin contar con permisos ni autorizaciones y violentando toda legalidad, con la anuencia de los tres niveles de gobierno. La impunidad y corrupción arriesga la vida de quienes, viven, estudian y trabajan en las faldas de la Loma de Santa María (Ocolusen), por dónde cruzan múltiples fallas geológicas que hacen de la obra una verdadera bomba de tiempo. La vulnerabilidad de la zona de Ocolusen (por donde se construye un túnel donde iniciará la vialidad) tiende a aumentar por acción antrópica, dados los riesgos geológicos existentes. Investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo han realizado estudios que demuestran la existencia de fallas geológicas activas e inestabilidad de laderas, que hacen altamente riesgoso construir una vialidad con túneles, puentes y caminos.
Sin canales efectivos de diálogo con el sector gubernamental y sin la disposición de la autoridad para buscar alternativas a dicha obra, la sociedad civil se ve obligada a defender su vida por la vía legal y la lucha social. Esta situación se repite en toda la ciudad y en este sentido los conflictos se hacen cada vez más comunes, por lo que la Dra. Patricia Ávila se dedica a estudiar la política urbano-ambiental, las luchas y los movimientos sociales que dan forma a un hábitat humano en permanente conflicto.

Atenea Bullen y Patricia Ávila